Marco internacional de protección de derechos de las personas mayores

A partir de la década de 1980, gracias al impulso de las Naciones Unidas, el análisis de los problemas de las personas mayores y sus soluciones se empezaron a contextualizar necesariamente dentro del debate sobre el sector público y la naturaleza del Estado social (Huenchuan, 2011). Desde ese momento, varios instrumentos jurídicos vinculados a la protección de las personas mayores se han sucedido en el tiempo. Éstos han atravesado distintos paradigmas en la comprensión del envejecimiento y la vejez. En 1982, se celebra la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento donde se adopta el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Este instrumento, significa un gran avance dado que coloca a la vejez en la agenda internacional. Sin embargo, el abordaje de esta etapa de la vida es realizado bajo un enfoque biológico y reduccionista. La Proclamación sobre el Envejecimiento en 1992 promueve la aplicación del Plan de Acción Internacional de Viena y plantea la necesidad de difundir los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991). Dicho documento señala que en las agendas públicas dirigidas a las personas mayores los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad deben ser incorporados. En el año 2002 se celebra la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento donde se presenta la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. A partir de este instrumento, pierde fuerza el enfoque deficitario del envejecimiento y surge como eje la dignidad al envejecer. También cambia el rol que asume el Estado, siendo éste más activo y relevante en la protección de las personas mayores. El Plan significa un avance puesto que define como ejes prioritarios para su abordaje el desarrollo social y económico, la salud y el bienestar y los entornos favorables para el envejecimiento. A nivel regional, en el año 2003 se lanza la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En años posteriores mediante la Declaración de Brasilia (2007) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012) se reafirma la postura de generar las condiciones para una sociedad para todas las edades basada en derechos, que erradique todas las formas de discriminación y violencia hacia las personas mayores.

En 2015 se produce un hito en lo que respecta a la normativa jurídica internacional relativa a las personas mayores con la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 15 de junio de 2015, se logra aprobar el texto del primer instrumento vinculante a nivel mundial de derechos humanos para personas mayores. Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica fueron los cinco países firmantes de la misma. El 24 de agosto de este año, Uruguay ratificó su adhesión a la Convención, convirtiéndose en el segundo país en alcanzarlo luego de Costa Rica. Al lograr la aprobación de dos países, este instrumento es jurídicamente vinculante para ambos, lo que implica que obliga a los Estados en el cumplimiento de los derechos y en la protección contra todo tipo de discriminación hacia las personas mayores. La Convención representa un nuevo marco de trabajo que rompe con la dispersión normativa existente hasta el momento y reconoce a las personas mayores como un grupo específico para la protección de sus derechos. Es el primer instrumento que plantea las desigualdades de género en la vejez e incorpora temas que previamente eran tratados de forma marginal como la violencia y el maltrato en la vejez y los derechos de las personas mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo. Sumado a ello, la aprobación de la Convención Interamericana significa un gran avance hacia el cambio en el paradigma de comprensión del envejecimiento y la vejez que concibe a las personas mayores en su integralidad y como sujetos de derecho. Es por tal motivo que la selección de los ejes estratégicos de este Plan se basan en los derechos que proclama la Convención, la que se constituye en un instrumento de trascendental referencia para el quehacer del Estado respecto a las políticas de envejecimiento y vejez.